Ya en marzo de 2006, Carrió había dicho todo sobre las privatizaciones encubiertas y el sin reglas ni licitaciones por estado como ente regulador, disfrazado de benefactor. No hay una sola línea que no sea precisa al respecto. Así funciona la patria contratista desde hace décadas en todos los rubros. Diagnóstico del oficialismo y de la sociedad afiliada a la servidumbre voluntaria: estaba loca. Es cierto que Carrió cometió algunos exabruptos, pero nunca como el de Cristina Kirchner al tomar las reservas del Banco Central donde reveló desconocer olímpicamente la constitución en nombre de la cual gobierna- el poder legistlativo y el judicial deben formar parte del PE- por lo cual habría merecido un juicio político.
A Norberto Oyarbide, Elisa Carrió quiso juzgarlo al final del menemismo, el PJ lo salvó por un voto y al otro día ese mismo partido, el PJ menemista, se recicló en K y en ese proceso de clonación que nadie quiso ver se le implantaron alas de querubín: fue el mismo que de la noche a la mañana, en un operativo vergonzante, blanqueó su declaración jurada de los K, imposible de justificar y que ahora sobrepasa los setenta millones. Este juez fue el que deja todavía libre a Ricardo Jaime que comprando chatarra se construyó una visible flota.
Se refiere a la nueva matriz que tomó el antiguo poder, un “sistema patrimonialista y corrupto, hacia el interior del poder, con la complicidad de algunos empresarios argentinos” que excede hasta la misma ley Dromi de reforma del Estado.
La relación Jaime- Oyarbide va más allá de la corrupción: no se trata de la violación de una norma sino de una ley que se construye sobre otra y que habla del triple concubinato entre la perversión, el fetichismo y el crimen. Quienes votaron masivamente al gobierno también lo hicieron para que Oyarbide sea la justicia y encubra casi sin pudor a los Jaime uno más de la interminable fauna delictiva de la patria contratista en la que el Estado cleptocrático y prebendario es juez y parte. La diferencia entre el menemato y el kirchnerato es que éste es más delictivo, avasallador y criminal que el anterior, algo ostensible en el número de víctimas. Todo esto es puro ruido para la mayoría de la población más atento a la oferta demagógica que a quienes fueron repudiados y difamados por defender los intereses de la mayorías y no la de la casta delictiva que gobierna tal vez porque no son ajenos al fetichismo y la perversión por el que creen participar del poder mismo, de la servidumbre voluntaria, creyendo que roba para que viajen y duerman tranquilos.
Esto resulta difícil ya que en vez de pedirle la renuncia a Schiavi se insulta a las víctimas y se siguen dando alambres por fusibles. El gobierno ignoró sistemáticamente las Auditorías de 2007 y de 2008 a cargo de Leandro Despouy. La única respuesta fue tratar de negociar con su partido la cabeza del funcionario que cumplió con su tarea. El último informe fue el elaborado por la Gerencia de Seguridad en el Transporte de la CNRT que confirma los anteriores y lleva fecha del 21 de marzo del año pasado. Schiavi lo único que hizo fue bajar la velocidad de las unidades. La Presidente está a la búsqueda de los nombres de los responsables, debería empezar por ella misma, los Cirigliano y Schiavi, todos beneficiados por el sistema de retornos sin control propio de la mafia K. No hay que olvidar que hace meses elogió a Cirigliano como antes lo hizo con Pedraza, los videos lo demuestran de modo flagrante. En un país de justicia independiente se le hubiera iniciado juicio político al Presidente y los funcionarios tendrían que haber renunciado por la presión social. Pero saben que la sociedad de la servidumbre voluntaria, la que vivó a Galtieri y nunca votó a Menem les sigue dando un cheque en blanco aunque le pague con los "budues", los nuevos patacones que están circulando producto de la galopante inflacción y una pobreza que llega al 35% según la fundación Caritas. Sciavi adujo enfermedad para abandonar el cargo y se retiró aplaudido por los integrantes del oficialismo, lo único que faltó es que le dieran una medalla. Hubo duras sanciones para una empresa de comunciaciones que suspendió el servicio por cinco horas y ninguna para los amigos de TBA, así funciona el llamado capitalismo mafioso o de amigos.
El menem kircherismo: una banda de ladrones, mentirosos, mitómanos, soberbios, imbéciles, tecnopólicos y criminales.
Estamos ante la presencia de una matriz que bajo la apariencia estatizante realiza privatizaciones encubiertas sin reglas y sin licitaciones, decididas discrecionalmente por un Ministro, administrador y articulador de los negocios públicos y privados con ciertos grupos económicos.Es un sistema patrimonialista y corrupto, hacia el interior del poder, con la complicidad de algunos empresarios argentinos.10. Conclusion: El viejo esquema del menemismo era la entrega de negocios rentables a empresas extranjeras que junto con socios nacionales se beneficiaban con la paridad cambiaria establecida en la convertibilidad, diez años después es necesario advertir que la confusión del Presidente entre lo privado y lo público –como los viejos señores feudales- está basada en la creencia que el Estado puede ser él.El objetivo final de este trabajo es afirmar que hay una nueva matriz de privatización en la Argentina bajo una apariencia reestatizante.Con el manto de una vuelta hacia un Estado Benefactor, lo único concreto que se palpa es que toda la normativa desarrollada por el Gobierno del Presidente Kirchner desde su asunción es una privatización al interior de los negocios de una facción política del poder.Así como en los noventa se privatizaba y se abría a licitación pública internacional en beneficio de empresas extranjeras con capitalización de deuda, hoy se desestatiza creando sociedades anónimas sujetas al derecho privado, sin control estatal de ninguna especie, con un mínimo de capital por parte del Estado y el resto cedido en acciones a los grupos económicos que pacten una sociedad con el ministro de Planificación, Julio De Vido. Y lo que es más escandaloso aún: estas sociedades dispondrán de patrimonio público en beneficio privado.El modelo actual nos sorprende con una novedad: ya no asistimos a la transferencia de plenos poderes a un Presidente, Jefe de Gabinete o Ministro, sino que vemos estupefactos como ahora directamente se transfiere a una Sociedad Anónima creada por decreto, sin control alguno por parte del Estado.Al margen de cualquier consideración sobre la discrecionalidad que le cabe al Poder Ejecutivo Nacional para cumplir con una de sus funciones, esto es la concreción del bien público, el modo en el cual se decide hacerlo no puede avasallar ni la Constitución ni ignorar las experiencias pasadas en nombre de la eficiencia.El Estado ha decidido abandonar tomar a su cargo la prestación de los servicios bajo formas que permitieran control y revisión pública. En cambio, elige formas que lo alejen todo lo posible de ello. Una sociedad anónima bajo el control de un Ministerio con plenos poderes para establecer derechos y obligaciones. Ni siquiera la ley de Reforma del Estado, conocida como Ley Dromi (nº 23.696) se atrevió a tanto. En su artículo 18, cuando hablaba de la modalidad de selección de los prestatarios privados de los servicios establecía algunas formas mínimas de comparación de precios y análisis de antecedentes de los oferentes.Esos contratos de concesión y las privatizaciones tuvieron formas legales que hoy están siendo ejecutadas. Las formas societarias que ahora nos presenta el mismo bloque oficialista que antes nos ofreció esa ley, estarán sujetas al derecho privado y no al derecho público obviando todas las responsabilidades y controles que este permite.Es legítimo poner en duda varias cuestiones:No hay fundamento razonable y razonado por el cual se haya elegido la creación de figuras jurídicas de dudosa naturaleza. No se han dado explicaciones de ningún tipo, por las cuales el Estado no reasumió las prestaciones de los servicios, para luego mediante un proceso transparente y sujeto al control público, seleccionar a un nuevo prestador.Frente a este panorama es necesario dejar algunos interrogantes que puedan ayudarnos a reflexionar sobre la situación por la que está atravesando nuestro país:¿Cuál es el inconveniente de mostrar al público que se ha elegido al mejor socio para la explotación del servicio?¿Qué reparo ofrece tener el debido cuidado respecto a los antecedentes de los empleados de esas empresas?¿Cuál es el contrato que rige entre el Estado y estas nuevas sociedades anónimas?¿Funcionarios de dudosa honorabilidad se hacen cargo de un negocio que ya no le es rentable a los grupos empresarios que explotaron los servicios públicos desde su privatización?¿Estos funcionarios lo hacen en tanto su rol de funcionarios, o estamos frente al nacimiento de una nueva clase empresaria argentina surgida desde los despachos del Poder?¿Este es, también, el modelo al que se va en materia de gas y petróleo con Repsol YPF?En definitiva, es evidente que estamos ante la presencia de una matriz que bajo la apariencia estatizante realiza privatizaciones encubiertas sin reglas y sin licitaciones, decididas discrecionalmente por un Ministro, administrador y articulador de los negocios públicos y privados con ciertos grupos económicos.Es un sistema patrimonialista y corrupto, hacia el interior del poder, con la complicidad de algunos empresarios argentinos.Buenos Aires, 28 de marzo de 2006Enlace al Informe completo http://www.ari.org.ar/informes/NUEVA_MATRIZ_DEL_SAQUEO.pdf
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